La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014, consagra el derecho a acceder al entorno físico, a la información y a las comunicaciones en condiciones de igualdad (art. 9), a vivir de forma independiente (art. 19) y a la mejora continua de las condiciones de vida (art. 28). Para garantizar estos derechos, es fundamental eliminar todas las barreras o restricciones que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad.

En Argentina, la ley 24.901 establece las prestaciones que las obras sociales y prepagas (art. 2), o en su defecto el Estado (arts. 3 y 4), deben cubrir de forma total e integral (100%) a las personas con discapacidad. Entre ellas, se encuentra la provisión de órtesis, prótesis u otros aparatos ortopédicos (art. 27, inc. b) que respondan a sus necesidades.